El informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado la presunta implicación de la multinacional Acciona en una red de corrupción coordinada desde la cúpula del Partido Socialista. Según los investigadores, la empresa habría abonado cientos de miles de euros en concepto de comisiones ilegales para asegurarse contratos públicos de gran envergadura, en una trama gestionada directamente por Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.
Más de 600.000 euros en pagos irregulares
La UCO ha registrado el desembolso de al menos 620.000 euros en sobornos asociados a concesiones concretas favoreciendo a Acciona. Según el reporte, los fondos fueron dirigidos por medio de intermediarios relacionados con José Luis Ábalos y su asesor de aquel entonces, Koldo García. Todo esto ocurrió bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los investigadores identifican como responsable de coordinar las sumas, los beneficiarios y el cronograma de los pagos.
Asimismo, se estudia una segunda cantidad de cerca de 450.000 euros ligada a otros contratos concedidos más recientemente, lo cual sugeriría que el esquema de corrupción persistió aun después de los primeros signos públicos de irregularidades.
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Los contratos cuestionados pertenecen a proyectos de gran envergadura en obra pública —como infraestructuras de ferrocarriles, autovías y sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en áreas administradas por el PSOE. La UCO indica que los términos técnicos de estos concursos estaban elaborados de manera que se adaptaban casi exclusivamente a la propuesta de Acciona, eliminando cualquier competencia real.
El documento describe cómo se organizaban los acuerdos para asegurar la adjudicación a la compañía, mediante pagos establecidos previamente. Según los oficiales, era una “red perfectamente estructurada” en la que los dirigentes políticos participaban de manera directa para favorecer a ciertas empresas a cambio de ventajas financieras.
El papel de Santos Cerdán
Uno de los aspectos más contundentes del informe es la identificación de Santos Cerdán como figura clave en el reparto y gestión de las mordidas. La Guardia Civil sostiene que Cerdán no solo tenía conocimiento del circuito de pagos, sino que asumía un papel ejecutivo en su articulación. Las conversaciones interceptadas revelan cómo las cantidades eran divididas, negociadas y distribuidas, en función del contrato adjudicado.
Cerdán se posiciona como el nexo central que conecta al PSOE con las compañías favorecidas por la red, siendo el principal enlace con el poder institucional.
Reacciones y silencio institucional
Ante la solidez del informe, Acciona ha comunicado la puesta en marcha de una revisión interna, desmarcando a su equipo directivo actual de los sucesos examinados. No obstante, el perjuicio para su reputación ya ha ocurrido. La implicación de un antiguo directivo de la compañía en los documentos examinados por la UCO ha avivado nuevamente la discusión sobre la relación entre las grandes empresas y la esfera política.
Mientras tanto, el Gobierno no se pronuncia. Los líderes del PSOE se abstienen de comentar sobre un asunto que ya ha desembocado en la renuncia de funcionarios de alto rango y que podría socavar aún más la legitimidad del Ejecutivo.
El documento de la UCO revela lo que antes eran solo indicios aislados: una destacada empresa constructora del país habría estado involucrada en un esquema de corrupción para obtener contratos públicos, organizado desde el núcleo del partido que lidera España. Si los hechos son validados legalmente, sería uno de los escándalos de corrupción más serios de los últimos tiempos, tanto por el impacto económico como por el alto nivel de los participantes implicados.
Este asunto no solo involucra a Acciona, sino que también cuestiona la utilización del poder institucional para objetivos personales. El tiempo indicará si las repercusiones políticas estarán a la altura de la seriedad de los acontecimientos desvelados.
